A ocho meses de la declaratoria, el área carece de un programa de manejo, de plan de actividades, de acuerdos, de coordinación con gobiernos locales y de convocatoria a la población, como marca la Ley. Y mientras proyectos sociales caen en la ruina, el narco extiende sus brazos por todo el estado
Unos dicen, fue un matón; otros, un bravucón cuyo final no podía ser distinto al de una muerte violenta: un tiro en la cabeza.
—Al menos el presidente nos debió tomar en cuenta para el nombre que le puso a la reserva natural, pero hasta para eso fuimos ignorados —dice Carlos Simental, biólogo de la UNAM y defensor de la zona de esteros y marismas nacionales, desde el sur de Sinaloa hasta San Blas, Nayarit.
La reserva se llama Juan M. Banderas, militar revolucionario nacido en Sinaloa a quien apodaban El Agachado, por su caminar encorvado. Fue encarcelado por Francisco I. Madero debido a “sus atropellos”.
La controversia desatada en Escuinapa en torno al nombre es sólo una parte de esta historia de patrañas en la cual el gobierno de la 4T tramó convertir las 2 mil 489 hectáreas del Centro Integralmente Planeado (CIP) de Playa Espíritu —bautizado como el “nuevo Cancún” en el sexenio de Calderón— como Área Natural Protegida (ANP) desde principios de febrero de 2023, mientras al mismo tiempo engañaba a los ciudadanos con la compra de millones de cachitos de lotería para ganar terrenos imaginarios frente a la playa.
El 16 de agosto de ese 2023, mediante decreto presidencial, se consumó el traspaso de esas tierras a la Semarnat y la declaratoria de ANP.
Sin embargo, a ocho meses de aquel “manotazo”, la reserva Juan M. Banderas continúa en el limbo jurídico. El área carece de un programa de manejo, de plan de actividades permitidas y división de zonas (uso y protección), de acuerdos de coordinación con el gobierno de Sinaloa, el municipio de Escuinapa y sectores privado y social de la región, conforme a las disposiciones marcadas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
El artículo 65 de la norma obliga además a la Semarnat, por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a convocar para el diseño del programa a “a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias competentes, así como a organizaciones sociales y demás personas interesadas”.
“Esto lo podría tumbar cualquier leguleyo, porque no se están siguiendo los protocolos. Apoyamos la preservación ambiental, pero estos hacen todo con los pies, al ahí se va”, dice el biólogo Simental Crespo, quien en 2009 impulsó la campaña: “Yo vivo aquí, mi opinión cuenta”, para organizar a la comunidad y alzar la voz frente a las tropelías de Fonatur.
“No se ha hecho ni el boceto del plan de manejo, se requieren consultas con los habitantes y nadie en el municipio ha sido convocado. ¿A quién escucha Andrés Manuel? Sólo a su espejo. Hay muchas cosas en el aire, para el presidente siempre hemos sido apestados, nos ha agraviado mucho”.
—¿Qué les ha dejado todo este periplo?
—Los jodidos siempre somos los habitantes y el municipio, ahorcado por los beneficios fiscales para estos grandes proyectos. Escuinapa había cifrado sus esperanzas de desarrollo en el CIP, pero lo hicieron mal. Y lo de las rifas fue una vacilada, una burla propia de un país bananero. Se ha dejado sangre regada en el camino.
—¿Por qué lo dices?
—El CIP generó mucha especulación de tierras. Un empresario de nombre Leovi Carranza compró muchos terrenos alrededor porque tuvo información privilegiada. Hubo incluso muertos porque había gente que no quería vender; sus prestanombres arrasaron, aunque al final el negocio no les salió, por la cancelación.
