En un día plomizo y caluroso, un grupo de familiares y activistas de derechos humanos se reunieron fuera de la Fiscalía General de Venezuela en Caracas para exigir respuestas sobre el paradero de más de 200 personas que fueron detenidas después de participar en protestas contra el gobierno. La angustia por los desaparecidos era palpable en sus ojos y voces, mientras pedían justicia y transparencia en un sistema judicial que ha sido cuestionado constantemente.
Diego Casanova, vocero del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, lideró la protesta pacífica frente a la sede del Ministerio Público. Con una voz firme pero contenida, Casanova recordó a los fiscales que las personas detenidas no eran simples números en un informe estadístico, sino seres humanos con derecho a saber dónde estaban y por qué estaban allí.
«Venimos nuevamente para pedir respuesta sobre los desaparecidos», dijo Casanova. «Es decir, las personas que se encuentran en este momento en detención o (otra) forma de detención que puede constituir desaparición forzada». La insistencia del comité es clara: no quieren más silencio ni más especulación sobre el destino de aquellos que fueron llevados a prisas hacia la oscuridad.
La lista de nombres y rostros que se encuentran en peligro es larga. Hubo estudiantes, profesionales, artistas y simples ciudadanos que decidieron hacer uso de su derecho a manifestarse pacíficamente contra el gobierno. Sin embargo, en lugar de escuchar sus voces y exigencias, fueron detenidos y llevados a lugares desconocidos. Ahora, sus familiares y amigos están en un estado
