En una sesión plena y conmocionada, la Cámara de Diputados aprobó con unanimidad la reforma constitucional propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar el creciente problema de la extorsión en México. La nueva ley busca facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General contra este delito, que ha sido considerado un flagelo nacional por legisladores de todas las bancadas.
La reforma modifica el artículo 73 de la Constitución y establece la persecución de oficio, lo que significa que las autoridades pueden investigar y procesar a los acusados sin necesidad de una denuncia formal. Además, busca homologar penas, agravantes y delitos vinculados en todo el país, lo que permitirá coordinar esfuerzos entre las diferentes instancias judiciales para combatir este problema.
Durante la discusión, los diputados coincidieron en que la extorsión ha crecido significativamente en los últimos años y se ha convertido en un grave problema social y económico. Según datos oficiales, el delito de extorsión aumentó un 58% entre 2018 y 2022, lo que significa que México pierde anualmente miles de millones de pesos debido a esta forma de crimen organizado.
El diputado Leonel Godoy, de la bancada del Morena, señaló durante la sesión que «la extorsión no es solo un problema para las empresas y los ciudadanos, sino que también afecta a la economía en general». Destacó que este delito se ha convertido en una forma de crimen organizado que ataca la confianza en el sistema financiero y comercial.
Otro diputado, Federico Díaz Ordáz (PAN), destacó la importancia de establecer mecanismos efectivos para combatir la extorsión y proteger a las víctimas. «Es importante que nos enfociemos en la prevención y el tratamiento de los casos, ya que la pena es solo una parte del proceso de justicia», agregó.
La presidenta Claudia Sheinbaum había presentado la iniciativa en diciembre pasado y desde entonces ha recorrido el país para escuchar a las víctimas y los actores sociales. La reforma Constitucional fue aprobada con 474 votos a favor, lo que demostró el consenso político sobre la necesidad de tomar medidas efectivas para combatir este delito.
La aprobación de esta ley es un paso importante hacia la creación de un marco jurídico más efectivo para combatir la extorsión. Ahora, el Congreso de la Unión deberá trabajar en la redacción y aprobación de la Ley General contra el Delito de Extorsión, lo que incluirá la creación de mecanismos de prevención y protección para las víctimas.
En este sentido, es esperanzador ver que legisladores de todas las bancadas han podido encontrar consenso en la lucha contra este delito. Sin embargo, también es importante recordar que la lucha contra la extorsión es un proceso complejo y requiere la participación activa de todos los sectores sociales y económicos.
La aprobación de esta reforma Constitucional es un primer paso hacia el fin de la impunidad y la protección de las víctimas. Ahora, es necesario que el Congreso de la Unión y las autoridades judiciales trabajen juntos para crear una ley efectiva y aplicable en todo el país.
