La presidenta Claudia Sheinbaum publicó este jueves el decreto que modifica la Ley de Amparo, una reforma histórica que entrará en vigor a partir de este viernes 17 de octubre. La medida, aprobada por el Senado con 82 votos a favor y 38 en contra, sin pasar por comisiones, marca un importante hito en la lucha por garantizar los derechos fundamentales de las personas.
La reforma modifica artículos clave de la Constitución mexicana, el Código Fiscal y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entre los cambios más importantes se encuentran los relacionados con la ampliación del plazo para presentar recursos en casos de amparo, lo que permitirá a las personas afectadas por decisiones administrativas contar con un tiempo razonable para impugnarlas.
Además, la reforma establece claros límites para el poder ejecutivo en cuanto al uso de la fuerza pública y la toma de decisiones que afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto se traducirá en una mayor transparencia y responsabilidad por parte del gobierno federal en sus actuaciones.
La discusión sobre la reforma se centró en artículos específicos, como el 128, que regula la procedencia del amparo, el 129, que establece los requisitos para impugnar decisiones administrativas, y el tercer transitorio, que determinará cómo se aplicarán estas modificaciones.
La aprobación de la reforma en menos de 24 horas después de recibir la minuta de la Cámara de Diputados es un indicio de la importancia que ambos poderes del Estado le han dado a este tema. La pronta respuesta demuestra que la lucha por proteger los derechos fundamentales no es solo una cuestión jurídica, sino también política y social.
La reforma de la Ley de Amparo se enmarca dentro de un contexto más amplio de modernización y fortalecimiento del Estado de derecho en México. En este sentido, es esperable que la medida tenga un impacto positivo en la relación entre los ciudadanos y el gobierno federal, fomentando una mayor confianza y transparencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que esta reforma es parte de un proceso más amplio de reformas constitucionales que buscan fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos en México. Esta visión de largo plazo es fundamental para construir un Estado que respete y proteja los derechos fundamentales de todas las personas, sin importar su condición social, económica o política.
En este sentido, la aprobación de la reforma de la Ley de Amparo puede ser visto como un paso importante hacia una mayor justicia y democracia en México.
